En un documento firmado por varias instituciones y organizaciones uruguayas e internacionales, incluida OBSERVACOM, se afirma que la derogación afectará varios derechos consagrados, además de flexibilizar limitaciones a la concentración de medios y restablecer leyes de la última dictadura militar
En el documento enviado a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Relatoría de Libertad de Expresión de ONU y UNESCO, se denuncia que la aprobación de los artículos que van desde el 206 hasta el 212 del Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas, perjudica “la libertad de expresión de la sociedad uruguaya en su conjunto, así como los principios de diversidad y pluralismo en la comunicación”
Las organizaciones e instituciones que firmaron la denuncia, expresaron que las reformas incluidas en el Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas -una ley presupuestal que tiene un plazo de aprobación de 90 días-, deriva en “un abierto apartamiento del Estado uruguayo de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. De concretarse, estamos ante una abierta violación al principio de no regresividad en materia de derechos humanos”.
En el documento se afirma que la Ley de Medios de 2014 logró una regulación democrática del sistema mediático en base a estándares interamericanos, lo que se borraría si se aprueba la actual propuesta del Poder Ejecutivo.
Se advierte que en la misma se derogan disposiciones que protegen los derechos de niños, niñas y adolescentes, respetando estándares internacionales de libertad de expresión y la Convención Internacional de los Derechos del Niño. A su vez, se quitan mecanismos de protección frente a la publicidad dirigida a menores de edad.
Por otro lado, se propone que las asignaciones de frecuencias dependan de la voluntad del Ejecutivo. Se flexibiliza e incluso se eliminan los límites a la concentración mediática y los medios públicos pasarán depender del Ministerio de Educación y Cultura, perdiendo así, el grado de autonomía que tienen hoy como servicio descentralizado.
Respecto a la concentración, en TV para abonados “se eliminaría todo límite a la concentración vertical, horizontal o cruzada». Mientras que, en radio y TV abierta, “se flexibilizan los límites de la actual Ley de Medios al volver a un tope de licencias por persona y no por persona jurídica, además que se elimina la figura de grupo económico, la forma más habitual de generar conglomerados”.
Dentro de las modificaciones planteadas, también se pretende reestablecer leyes de comunicación aprobadas durante la última dictadura militar (Decretos-Ley 14.670 y 15.671). Esto representa una clara afectación a “conquistas de la democracia, frente a políticas de censura y persecución”.
La misiva le solicita al Relator Especial que pida información al Estado uruguayo en los cambios que pretende implementar y “adopte las medidas que entienda pertinentes”, para proteger la libertad de expresión según los parámetros de la CIDH.
Además de OBSERVACOM suscribieron a la denuncia; Agencia Voz y Vos / El Abrojo, Amnistía Internacional Uruguay, Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, Asociación Civil Cippus, Asociación Civil El Paso, Asociación de la Prensa Uruguaya, CAinfo, Comité de los Derechos del Niño – Uruguay y el Colectivo Catalejo.
También adhirieron al documento; la Coordinación por una Comunicación Democrática, Cotidiano Mujer, Data Uruguay – Datysoc, Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, Fundación Dianova Uruguay, Fundación Siembra, Intersocial Feminista, Organización Mundial de Educación Preescolar, Pedal, Radio Vilardevoz, Redes Amigos de la Tierra – Uruguay, Sociedad Uruguaya de Actores, y por último, Servicio Paz y Justicia Uruguay.
