El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) presenta el informe: ‘La planificación para el despliegue ordenado de renovables en España: análisis de casos’.
Es primordial que la carrera por la implantación masiva de energías renovables se haga de manera planificada y respetuosa con la biodiversidad y el territorio para limitar sus impactos adversos.
La vigésima octava Conferencia de las Partes (COP28) sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas acaba de concluir en Dubái con un acuerdo clave: triplicar la producción mundial de energías renovables.
Es, sin duda, un paso incuestionable para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, pero no debe hacerse a cualquier precio: el despliegue a gran escala de energías renovables tiene que llevarse a cabo de forma planificada y respetuosa con la biodiversidad y el territorio para evitar efectos adversos como la modificación de hábitats, alteración paisajística, aumento del riesgo de procesos erosivos o inquietud social, entre otros.
A los compromisos internacionales para hacer frente al cambio climático se suma la guerra en Ucrania, que ha intensificado la necesidad de independencia energética en los países de la Unión Europea (UE) y ha provocado una frenética carrera por la implantación de infraestructuras renovables.
España aspira a ser país líder en la UE en este ámbito, tal y como se extrae del último borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que establece una ambiciosa meta de 160 GW de potencia renovable instalada para 2030, frente a los 113 GW previstos en la versión anterior.
Además, el borrador del PNIEC indica que la potencia instalada renovable en España en 2022 era de 70.452 MW, superando la de las tecnologías convencionales. Este dato sitúa a España como el octavo país en capacidad instalada renovable del mundo, según el ranking de 2022 de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés).
En este contexto, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) presenta un estudio en el que se analizan los recientes instrumentos normativos para abordar la transición energética, tanto en el ámbito nacional como autonómico, además de identificar buenas prácticas en la implantación de renovables, posibles retrasos y ámbitos prioritarios de acción.
«La reciente revisión de la Directiva sobre Fuentes de Energía Renovable, conocida como RED III, incluye exigencias que ponen de manifiesto la importancia de los instrumentos de planificación y participación, a través de la identificación de zonas de aceleración de renovables por medio de planes, lo que facilitará un despliegue de renovables planificado y respetuoso con la biodiversidad y el territorio», señala la directora del IIDMA, Ana Barreira.
Como punto de partida para el análisis se han seleccionado las regiones de Galicia, Asturias y las Islas Canarias, autonomías interesantes por sus diferentes particularidades territoriales a tener en cuenta a la hora de enfrentar los retos que plantea la transición energética. «Si bien las comunidades autónomas analizadas disponen de algunos instrumentos de planificación y participación ya adecuados a las exigencias de la RED III, es necesario armonizar los esfuerzos nacionales y regionales», indica la abogada ambiental del IIDMA y coautora del briefing, Marta Vicioso.
Recomendaciones del IIDMA
Teniendo en cuenta la importancia del emplazamiento de las infraestructuras para limitar los impactos ambientales y territoriales que podrían derivarse de la implantación de nuevas instalaciones de energías renovables, el IIDMA considera que el desarrollo de una planificación vinculante, en línea con lo exigido por la Directiva Red III, es primordial.
Actualmente la ubicación de los proyectos es seleccionada casi unilateralmente por los mismos promotores, existiendo poco espacio de intervención por parte del público en este aspecto. Resulta igualmente necesaria la creación de Oficinas de Ubicación de Energías Renovables, que sirvan para canalizar la coordinación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.
«Estas oficinas permitirían agilizar el proceso de localización ambientalmente responsable de los nuevos proyectos de energía renovable, canalizando la fase de participación púbica y garantizando una mayor implicación de los actores locales», sostiene el Instituto.
También para fomentar la participación pública, IIDMA recomienda la promoción de espacios de diálogo como el Observatorio para la Eólica Marina de Galicia. Estos organismos permiten crear lugares de análisis e información para desarrollar proyectos que tengan en cuenta la biodiversidad, la compatibilidad con actividades marítimo-pesqueras y con la actividad turística, además de potenciar la cadena de suministro y detectar necesidades reglamentarias, normativas o de planificación.
Por último, la repotenciación de instalaciones de renovables existentes permite un mejor aprovechamiento de los recursos y menor impacto ambiental al sustituir los aerogeneradores obsoletos por modelos de última generación, con la capacidad de duplicar la energía generada.
