Cuando se cumple un año de la toma del poder por parte de los talibanes, varias agencias de la ONU denuncian un deterioro continuo de la situación que viven las mujeres, e instan a abrir las escuelas para todas las niñas, a eliminar cualquier restricción de empleo para las mujeres y a incluirlas en la vida política
“La exclusión de las mujeres en todos los aspectos de la vida priva al pueblo afgano de la mitad de su talento y energías, impide a las mujeres liderar los esfuerzos para construir comunidades resistentes y reduce la capacidad del país para recuperarse de la crisis”, afirmó ONU Mujeres en el primer aniversario desde la toma del poder por parte de los talibanes en Afganistán.
El organismo destacó que durante estos doce meses se ha asistido a un “deterioro diario y continuo de la situación en que viven las mujeres y las niñas afganas”.
“Esto ha abarcado todos los aspectos de sus derechos humanos, desde el nivel de vida hasta el estatus social y político. Ha sido un año de creciente falta de respeto a su derecho a vivir una vida libre e igualitaria, negándoles la oportunidad de ganarse la vida, el acceso a la atención sanitaria y a la educación, y la posibilidad de escapar de situaciones de violencia”, afirma ONU Mujeres.
Del mismo modo, se denuncian las políticas de desigualdad “meticulosamente construidas por los talibanes” y se indica que Afganistán es el único país del mundo que prohíbe la escuela secundaria a las niñas, donde las mujeres están totalmente excluidas de la participación política, donde la mayoría de ellas no pueden trabajar fuera de su hogar y a las que se exige cubrirse la cara en público y disponer de un acompañante masculino cuando viajan.
Ante esta situación, el organismo destaca que “sin la plena participación de las mujeres y las niñas en todos los aspectos de la vida pública, hay pocas posibilidades de lograr una paz, una estabilidad y un desarrollo económico duraderos”.
Por ello, desde ONU Mujeres instan a las autoridades afganas a abrir las escuelas para todas las niñas, a eliminar cualquier restricción al empleo para las mujeres, a incluir su participación en la vida política de su nación, a anular todas las decisiones y políticas que les privan de sus derechos y a acabar con todas las formas de violencia contra ellas.
“Pedimos a las autoridades de facto que garanticen que las mujeres periodistas, las defensoras de los derechos humanos y los agentes de la sociedad civil gocen de libertad de expresión, tengan acceso a la información y puedan trabajar de forma libre e independiente, sin temor a represalias o ataques”, añadieron.
También solicitaron el apoyo de la comunidad internacional y resaltaron la importancia de apostar por las mujeres en la creación de servicios y puestos de trabajo y empresas dirigidas por mujeres.
“Esto incluye no sólo el apoyo a la prestación de asistencia humanitaria, sino también los esfuerzos continuos e incesantes a nivel político para lograr el cambio”, matizan.
Un año de apoyo continuo
ONU Mujeres recordó que seguirá apoyando a las mujeres y niñas afganas como lo ha hecho durante los últimos doce meses y que incrementará la prestación de servicios, continuará apoyando a las empresas dirigidas por mujeres y prestando oportunidades de empleo en todos los sectores.
“Décadas de progreso en materia de igualdad de género y derechos de la mujer se han esfumado en apenas unos meses. Debemos seguir actuando juntos, unidos en nuestra insistencia en que se garantice el respeto a todo el espectro de derechos de la mujer, incluidos la educación, el trabajo y la participación en la vida pública y política”, concluyeron.
Apartar a las adolescentes de la escuela secundaria es un pésimo negocio
Por su parte, el Fondo de la ONU para la Infancia destacó que aparatar a las niñas de la escuela secundaria supone una pérdida en términos económicos del 2,5% del Producto Interior Bruto anual del país.
Un nuevo estudio de UNICEF calcula que, si la actual generación de tres millones de niñas y adolescentes pudiesen acabar su educación secundaria y participar posteriormente en el mercado laboral, aportarían al menos 5400 millones de dólares a la economía de Afganistán.
Las previsiones no incluyen otro tipo de repercusiones como la futura escasez de maestras, médicas y enfermeras, el consiguiente impacto en la disminución de la asistencia de las niñas a la escuela primaria, y el aumento de los costes sanitarios relacionados con los embarazos en la adolescencia.
Tampoco contemplan los beneficios más generales relacionados con la enseñanza, como el nivel educativo total o la reducción del matrimonio y la mortalidad infantil.
El representante de UNICEF en Afganistán, el doctor Mohamed Ayoya, calificó de “impactante y decepcionante” la decisión de no permitir el regreso de las niñas a la educación secundaria tomada el 23 de marzo.
«No sólo viola el derecho fundamental de las niñas a la educación, sino que las expone a una mayor ansiedad y a más riesgos de explotación y abuso, incluyendo la trata de niños y el matrimonio precoz y forzado», destacó.
Antes de la reconquista del poder por parte de los talibanes, Afganistán ya contaba con más de 4,2 millones de niños sin escolarizar, de los cuales el 60% eran niñas.
El aspecto económico y educativo no son las únicas preocupaciones que maneja la agencia de la ONU que también alertó sobre el grave aumento de desnutrición infantil.
Mientras en junio de 2021 se trató a 30.000 niños por desnutrición aguda severa, en junio de este año la cifra se disparó hasta los 57.000, un aumento del 90%. Además, los niños se ven obligados a trabajar para mantener a sus familias en lugar de ir a la escuela, que es el lugar más seguro en el que podrían estar.
Un país donde un parto puede suponer una sentencia de muerte
En medio de esta profunda crisis económica y humanitaria. El aumento de los precios de los alimentos y del combustible -agravado por la sequía y la guerra en Ucrania– ha provocado que el 95% de la población, y casi todos los hogares encabezados por mujeres, no dispongan de suficientes alimentos, destacó el Fondo de Población de la ONU.
Según esta agencia, el colapso del sistema sanitario dificultó el acceso de las mujeres y las niñas a los servicios de salud reproductiva, especialmente para los más de nueve millones de personas que viven en zonas remotas del país.
“Para las cerca de 24.000 mujeres que dan a luz cada mes en zonas de difícil acceso, el parto puede ser, de hecho, una sentencia de muerte. Los servicios vitales para las supervivientes de la violencia de género también son limitados tras la disolución de las vías de denuncia, los mecanismos de justicia y los refugios, con consecuencias potencialmente fatales”, denunciaron.
Durante el último año, el Fondo prestó servicios de salud reproductiva a más de 4,3 millones de personas, distribuyó medicamentos y suministros esenciales a los hospitales para garantizar partos seguros, y suministros de higiene menstrual a cientos de miles de mujeres y niñas.
Con la llegada del invierno en el horizonte ya comenzó la distribución de utensilios de cocina y mantas para las personas necesitadas.
