Un nuevo informe emanado este 7 de diciembre por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) advierte sobre las condiciones desiguales de acceso a los recursos humanos, económicos, de infraestructura y equipamiento educativo en los países de la región, todos agravados por la pandemia
Estas condiciones estructurales afectan la aplicación de las recomendaciones que los organismos internacionales han emitido para un adecuado proceso de regreso presencial a las escuelas, lo que afecta el derecho a la educación de millones de estudiantes en la región.
“La región tiene la urgente necesidad de planificar y definir acciones prioritarias para garantizar la seguridad de las operaciones escolares y la atención educativa a las poblaciones más vulnerables”. Así concluye el informe del BID y la UNESCO “Reabrir las escuelas en América Latina y el Caribe: Claves, desafíos y dilemas para planificar el retorno seguro a las clases presenciales”.
El reporte fue lanzado por ambos organismos internacionales el lunes 7 de diciembre de 2020.
El documento es un diagnóstico elaborado por ambas instituciones para contribuir a la priorización de la educación en los planes nacionales de respuesta a la emergencia sanitaria y en las futuras estrategias de recuperación. “Los países han desplegado diversos planes de respuesta y recuperación en los cuales es necesario incorporar a la educación como un elemento central –dice el informe— no solo para garantizar una respuesta en el ámbito educativo, sino para lograr una recuperación equitativa, inclusiva y sostenible”.
El informe puntualiza que será enorme el desafío de desarrollar una propuesta educativa que logre integrar las experiencias educativas del 2020 –debido a su desigualdad- y recuperar a quienes no han vuelto a la escuela. Por eso, el documento es, además, un llamado para la acción regional para que todas las respuestas educativas se basen en los principios fundamentales de inclusión, equidad y no discriminación.
Para ello, el reporte analiza las posibilidades, restricciones y necesidades que enfrentarán los países de América Latina y el Caribe durante el proceso del regreso a las clases presenciales, considerando las siguientes dimensiones: escuelas seguras (infraestructura escolar, acceso al agua y saneamiento): recursos humanos (directores y docentes); educación remota (acceso a TIC y conectividad; financiamiento de la educación; e información y planificación.
En sus conclusiones, ambos organismos indican que las respuestas que han implementado los países para garantizar la continuidad de los aprendizajes reflejan una notable capacidad de reacción ante un escenario incierto, pero que hay fuertes decisiones que deben tomarse cuanto antes, debido a que mientras más demore el retorno a clases presenciales, más crecerá la exclusión y más se incrementarán las desigualdades.
Entre estas decisiones, la UNESCO y el BID llaman a invertir en mejorar el estado de la infraestructura escolar para ofrecer condiciones básicas de saneamiento e higiene.
También a una cuidada planificación de la demanda y oferta de docentes para el regreso presencial a clases, y enfatiza la urgencia de mejorar las políticas referentes a la formación, disponibilidad, asignación y condiciones laborales del profesorado.
En cuanto a las tecnologías de la información (TIC) y a la continuidad de clases durante la pandemia, el reporte especifica la inequidad entre estudiantes al enfrentarse tecnológicamente a las opciones educativas en pandemia y el enorme desafío para la continuidad pedagógica, especialmente en zonas rurales.
Este período ha evidenciado también las disparidades en las competencias de las y los docentes para el uso de las TIC, cuyo desarrollo demanda políticas sostenidas en el tiempo que trasciendan la urgencia.
Respecto del financiamiento de la educación, el BID y la UNESCO afirman que la recuperación del sector educativo requerirá recursos adicionales, así como mejorar su distribución. Las enormes desigualdades para el regreso presencial a clases ponen en foco la necesidad de incorporar criterios de equidad y de priorización de poblaciones vulnerables.
También es imperioso modernizar y hacer más eficiente la recolección y el análisis de información para construir una mirada más integral de los sistemas educativos que permita afrontar crisis como esta.
Actualmente, hay marcadas ausencias para contar con datos comparables de todos los países sobre indicadores clave para la planificación del retorno a las clases presenciales. En muchos casos estos vacíos son reflejo de información básica que no se encuentra disponible tampoco a nivel nacional.
Sabine Riegle-Aubourg, jefa de la División de Educación (a.i.) del BID afirma que este reporte es una voz de alerta y “un llamado de atención acerca de la imperiosa necesidad de planificar cuidadosamente las políticas educativas. Será clave la capacidad de los países por definir acciones prioritarias que permitan garantizar la seguridad de las operaciones escolares y priorizar la atención educativa para las poblaciones más vulnerables. Y para ello, para evitar una catástrofe generacional, se debe proteger el financiamiento de la educación.
Efectivamente, ya antes de la emergencia sanitaria, los sistemas educativos tenían importantes retos. En 2018, 10,5 millones de niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe no asistían a la escuela, de los cuales un 16% estaba fuera de la primaria, un 22% fuera de la secundaria baja y un 62% de la secundaria alta. Además, gran parte de las y los estudiantes de la región no alcanzan las competencias básicas de aprendizaje según los resultados de PISA (OCDE) y del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE), aplicado por la UNESCO.
Las conclusiones
Escuelas seguras (infraestructura escolar, acceso al agua y saneamiento)
La mayoría de las escuelas de los países de la región no cuenta con las condiciones de tamaño de aulas que permita el cumplimiento de los protocolos de distanciamiento físico para un regreso presencial a clases. La pandemia de la COVID-19 ha puesto en evidencia las carencias estructurales de la infraestructura escolar. Aproximadamente 3,1 millones de estudiantes de nivel primario no tienen acceso a servicios de agua potable en el hogar ni en la escuela. Es urgente que los países de la región inviertan en mejorar el estado de la infraestructura escolar para ofrecer condiciones básicas de saneamiento e higiene.
Recursos humanos (directores y docentes)
Las dificultades para regresar a clases presenciales de algunos docentes y la implementación de modelos híbridos pueden implicar la necesidad de incorporar nuevos docentes. Sin embargo, incluso antes de la pandemia, muchos países enfrentaban ya una escasez de personal formado que cubriera las necesidades educativas de la población. La región requiere de una cuidada planificación de la demanda y oferta de docentes para el regreso presencial a clases, lo cual ha puesto en evidencia la urgencia de mejorar las políticas referentes a la formación, disponibilidad, asignación y condiciones laborales de los docentes.
Educación remota (acceso a TIC y conectividad)
El recurso más utilizado en la región para la educación remota e híbrida han sido las plataformas en línea (85% de los países las han utilizado). Sin embargo, el acceso a los recursos tecnológicos en los hogares y en las escuelas es deficiente: por un lado, 46% de las niñas y niños de entre 5 y 12 años vive en hogares que no tienen conexión a Internet; y, por otro lado, 62% de las escuelas de nivel primario y 75% de las escuelas de nivel secundario disponen de equipamiento informático. Esto presenta un enorme desafío para la continuidad pedagógica, especialmente en zonas rurales.
La pandemia ha evidenciado las disparidades en las competencias de los docentes para el uso de las TIC, cuyo desarrollo demanda una política sostenida en el tiempo que trascienda la urgencia de la situación actual.
Financiamiento de la educación
Las enormes desigualdades para el regreso presencial a clases ponen en foco la necesidad de incorporar criterios de equidad y de priorización de poblaciones vulnerables. En este sentido, el financiamiento de la educación, así como una asignación de recursos equitativa y eficiente, son clave como estrategias de respuesta ante la crisis para garantizar el derecho a una educación de calidad para todos.
Por otro lado, los ministerios de educación requieren sistemas de información para la gestión educativa (SIGED) robustos que permitan planificar, formular y administrar estas estrategias.
El 42% de los países de América Latina y el Caribe todavía usa algún tipo de formato físico (como formularios de papel) de manera total o parcial para el levantamiento de datos. Es necesario que los SIGED de la región se fortalezcan y que profundicen la aplicación de tecnologías para hacer más eficiente la recolección y el análisis de información; de modo que construyan una mirada más integral de los sistemas educativos que permita afrontar crisis como la actual.
