Representantes de la academia, la sociedad civil y de organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) analizaron la criminalización, violencia y restricciones que sufren comunicadores y comunicadoras de medios comunitarios e indígenas, resaltando la necesidad de un reconocimiento legal de este sector en toda la región
El pasado 1° de noviembre la Oficina Regional de UNESCO en Montevideo, la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la American University (AU) y OBSERVACOM, organizaron el Seminario “Criminalización y violencia contra medios comunitarios e indígenas en América Latina y el Caribe – Desafíos y respuestas”. El mismo se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la AU, ubicada en la ciudad de Washington DC, EEUU.
En la actividad, la vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios
Comunitarias de América Latina y el Caribe (AMARC-ALC), Mónica Valdés, sostuvo que ha recibido diversos reportes sobre la violencia que los medios comunitarios e indígenas afrontan, soportando presiones, estigmatización, vandalización a la infraestructura y diferentes casos de encarcelamiento de reporteras y reporteros.
Valdés llamó a organismos del SIDH, academia, defensores de derechos humanos, gremios y organizaciones sociales, a que busquen mecanismos para que la población y las comunidades no solamente se limiten a ser receptores de información, sino a que también puedan tener el derecho y “gestionar de manera autónoma y libre, la propiedad de esos canales de comunicación”.
Por su parte, Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que es sumamente importante monitorear la criminalización contra los medios comunitarios, y que es necesario realizar ajustes legales para superar la discriminación y exclusión estructural.
Damián Loreti, consejero legal de OBSERVACOM, mostró preocupación por las penas de prisión para medios comunitarios e indígenas que operan sin autorización, vigentes en algunos países de la región, ya que no se adecuan a los estándares internacionales de libertad de expresión. Durante la ponencia,
Loreti destacó el caso de Guatemala, donde las radios comunitarias indígenas no cuentan con reconocimiento legal.
Como ejemplo de esfuerzos para eliminar las penas, Loreti mencionó el caso chileno, en donde un proyecto de ley -ya aprobado por la Cámara de Diputados- busca eliminar las penas de prisión contra emisoras comunitarias sin autorización.
La representante de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, Adriana Sunún, puso en consideración el caso particular de Guatemala, donde sostuvo que si bien hay una sentencia de la Corte IDH que le exige al Estado adecuar su marco normativo para reconocer a las emisoras comunitarias como “medios diferenciados de comunicación, particularmente las radios comunitarias indígenas”.
No obstante, Sunún sostiene que aún no ha habido tal reconocimiento y, por ende, no se han otorgado licencias, lo que radica en que sean consideradas ilegales, exponiéndose a una persecución y criminalización que imposibilita ejercer el derecho a la libertad de expresión.
Reconocimiento legal, no criminalización
El Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Ricardo Pérez Manrique, manifestó que hay que apoyar y proteger los medios comunitarios, fomentando la diversidad de propiedad y gestión de los mismos y garantizando que tenga los recursos necesarios para operar y crecer. “Los medios comunitarios se convierten en faro de esperanza y agente de cambio, permitiendo que las voces de aquellos que a menudo son silenciados, se escuchen alto y claro”, sostuvo.
Eduardo Bertoni, representante de la Oficina Regional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos para América del Sur y ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, expresó que el problema principal de los medios comunitarios es que los Estados administran un espectro radioeléctrico que es limitado, y en ocasiones ese manejo es desigual y desequilibrado, lo que deriva en que existan voces silenciadas
Bertoni sostuvo que en su opinión hay dos desafíos latentes, primero afrontar y combatir “el silenciamiento, ya que para algunos “parece ser que las radios comunitarias no existen”, mientras que lo segundo es solucionar la impunidad que existe frente a las agresiones, que muchas provienen de los propios Estados, mediante allanamientos y secuestros de equipos.
También participaron de la actividad Rosa González, Consejera Regional en Comunicación e Información para América Latina y el Caribe de la UNESCO, Diego Rodríguez-Pinzón, co-director de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la AU y Claudia Martín, co-directora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la AU, quien moderó la actividad.
