Según un nuevo estudio del Grupo Banco Mundial, un porcentaje sorprendentemente elevado de trabajadores y empresas de las economías de mercados emergentes y en desarrollo (EMED) opera fuera del campo visual de los Gobiernos
Esto supone un desafío que probablemente frenará la recuperación de estas economías, a menos que los Gobiernos adopten un conjunto integral de políticas que permitan abordar los problemas de la economía informal.
El estudio, titulado The Long Shadow of Informality: Challenges and Policies (La larga sombra de la informalidad: Desafíos y políticas), es el primer análisis exhaustivo del Banco Mundial en el que se examina el alcance de la informalidad y sus implicaciones para una recuperación económica que apoye un desarrollo ecológico, resiliente e inclusivo a largo plazo.
En él se concluye que en los países emergentes la informalidad representa más del 70 % del empleo total y casi un tercio del producto interno bruto (PIB). La magnitud de esta situación reduce la capacidad de estos países de movilizar los recursos fiscales necesarios para apuntalar la economía durante una crisis, llevar a cabo políticas macroeconómicas eficaces y generar capital humano para el desarrollo a largo plazo.
En las economías que registran un alto grado de informalidad, los recursos públicos para combatir las recesiones profundas y apoyar la recuperación posterior son más limitados que en otras economías. En las EMED donde los niveles de informalidad son superiores a la media, los ingresos públicos representaron, en total, aproximadamente el 20 % del PIB, entre 5 y 12 puntos porcentuales por debajo del nivel de otras EMED. El gasto público también se redujo hasta en 10 puntos porcentuales del PIB. Asimismo, la capacidad de los bancos centrales para apoyar a las economías se ve limitada por los sistemas financieros subdesarrollados asociados a la informalidad generalizada.
“Los trabajadores informales son predominantemente mujeres y jóvenes poco calificados. En medio de la crisis provocada por la COVID-19, a menudo quedan rezagados y tienen un acceso limitado a las redes de seguridad social cuando pierden el empleo o sufren graves pérdidas de ingresos”, señaló Mari Pangestu, directora gerente de Políticas de Desarrollo y Alianzas del Banco Mundial. “Este análisis contribuirá a llenar las lagunas de conocimiento en un ámbito poco estudiado y a que las autoridades sigan adoptando medidas para combatir la informalidad, lo que será imprescindible en el futuro para lograr un desarrollo ecológico, resiliente e inclusivo”.
La elevada informalidad socava los esfuerzos políticos para frenar la propagación de la COVID-19 e impulsar el crecimiento económico. Debido a las limitaciones en el acceso a las redes de seguridad social, muchas personas que trabajan en el sector informal no han podido quedarse en casa ni cumplir los requisitos de distanciamiento social. En las EMED, las empresas informales representan el 72 % de las empresas del sector servicios.
Los altos niveles de informalidad suelen traducirse en resultados de desarrollo más deficientes. Los países con sectores informales de mayor tamaño tienen un ingreso per cápita más bajo, más pobreza, más desigualdad de ingresos, mercados financieros menos desarrollados y niveles de inversión más bajos, y están más lejos de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.
En las EMED, la informalidad varía mucho según las regiones y los países: como porcentaje del PIB, alcanza su mayor nivel en África al sur del Sahara, con un 36 %. El nivel más bajo (22 %) se registra en Oriente Medio y Norte de África. En Asia meridional y en África al sur del Sahara, la informalidad generalizada es en gran medida el resultado del reducido capital humano y el tamaño considerable de los sectores agrícolas. En Europa y Asia central, América Latina y el Caribe, y Oriente Medio y Norte de África, las fuertes cargas regulatorias y fiscales y la debilidad de las instituciones han sido importantes factores que han contribuido a la informalidad.
El estudio muestra que en las EMED se puede hacer frente a la informalidad; de hecho, aunque esta sigue siendo elevada, había mostrado una tendencia descendente durante tres décadas antes de la pandemia de la COVID-19.
Entre 1990 y 2018, la informalidad se redujo, en promedio, unos 7 puntos porcentuales hasta ubicarse en el 32 % del PIB. Este descenso reflejó, en parte, las reformas políticas implementadas: en las últimas tres décadas, muchos Gobiernos de las EMED han aplicado reformas políticas para aumentar los beneficios de trabajar en el sector formal o para reducir los costos de dichas actividades. Se trata de reformas fiscales, reformas para aumentar el acceso al financiamiento e iniciativas para fortalecer la gobernanza.
El estudio ofrece cinco recomendaciones generales a los responsables de la formulación de políticas de las EMED: en primer lugar, adoptar un enfoque integral, ya que la informalidad es reflejo de un subdesarrollo generalizado y no puede abordarse de forma aislada; en segundo lugar, adaptar las medidas a las circunstancias de cada país, dado que las causas de la informalidad varían considerablemente; en tercer lugar, mejorar el acceso a la educación, los mercados y el financiamiento para que los trabajadores y las empresas informales puedan ser lo suficientemente productivos como para pasarse al sector formal; en cuarto lugar, mejorar la gobernanza y el clima para los negocios, de manera que el sector formal pueda prosperar, y, en quinto lugar, simplificar la normativa fiscal para reducir el costo de operar formalmente y aumentar el costo de operar informalmente.
