La representante especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos destaca que el procesamiento de los casos de este tipo de asalto “es también una forma de prevención y puede ayudar a convertir la centenaria cultura de impunidad de estos crímenes en una cultura de disuasión”
¿Qué significan en este momento las diez resoluciones sobre la mujer, la paz y la seguridad, cinco de las cuales se centran directamente en la prevención y el tratamiento de la violencia sexual relacionada con los conflictos, para una mujer de Ucrania, Afganistán, Myanmar o Tigray?
Con esta simple pregunta, la representante especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos se dirigió a los miembros del Consejo de Seguridad en una sesión dedicada a la rendición de cuentas como herramienta de prevención para acabar con los ciclos de este tipo de abuso en las contiendas.
Durante la presentación del último informe anual del Secretario General sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos, Pramila Patten recordó que cuando el mundo se encuentra observando con atención los horrores que se están cometiendo en Ucrania, con amplias repercusiones en la estabilidad mundial, “otras crisis continúan agravándose entre bastidores”.
Patten explicó que el análisis abarca la situación de 18 países, entre ellos los casos documentados de violencia sexual contra excombatientes mujeres y sus familias en Colombia, y documenta 3293 casos de violencia sexual relacionada con los conflictos cometidos en 2021 y verificados por la ONU. Esta cifra supone un aumento significativo de unos 800 casos en comparación con 2020.
El mayor número de incidentes se produjo en la República Democrática del Congo, con 1016 casos, y la gran mayoría de ellos los sufrieron las mujeres y las niñas – un 97%-. Además, se registraron 83 casos contra hombres y niños, la mayoría de ellos en centros de detención, y se verificó 12 casos dirigidos a personas LGBTQI.
La judicialización de los casos de violencia sexual también es una forma de prevención
Aunque destacó que el informe transmite la gravedad de los incidentes verificados indicó que ningún análisis “puede captar toda la escala y la prevalencia de este delito crónicamente poco denunciado e históricamente oculto”.
“De hecho, las supervivientes siguen siendo silenciados por el trauma, el dolor y la desesperación, así como por el estigma, la inseguridad y la escasez de la prestación de servicios. Existe una relación entre el silencio individual y el silencio oficial: no se puede esperar que los supervivientes denuncien lo que el propio Estado niega. Cuando los agresores quedan libres, los supervivientes caminan con miedo, cargando con el peso del ostracismo y la vergüenza”, destacó.
Por ello, destacó que la idea central del informe “es la necesidad de fomentar un entorno de protección que inhiba la violencia sexual en primera instancia y permita una denuncia y una respuesta seguras” y destacó que el procesamiento de estos casos “es también una forma de prevención y puede ayudar a convertir la centenaria cultura de impunidad de estos crímenes en una cultura de disuasión”.
“Mientras que la impunidad normaliza la violencia, la justicia refuerza las normas globales. Es hora de pasar de la visibilidad a la rendición de cuentas, y de garantizar que la documentación de hoy se traduzca en los juicios de mañana. La prohibición de la violencia sexual es clara y categórica, pero las normas no tienen poder si no se conocen”, aclaró.
En consecuencia, pidió a todos los miembros del Consejo a liderar el camino que plasme esa prohibición en varios ámbitos como “los manuales militares, en la difusión y formación del Derecho Internacional Humanitario, en los códigos de conducta y en las medidas disciplinarias militares a todos los niveles de la cadena de mando”.
“Llevamos varios años diciendo en esta cámara que la violencia sexual es evitable, no inevitable. Ha llegado el momento de hacer que la responsabilidad sea inevitable. Los supervivientes deben ser vistos por sus sociedades como titulares de derechos que serán respetados y aplicados”, solicitó.
A modo de ejemplo, señaló que durante el año pasado hubo cuatro “avances alentadores” en materia de justicia transicional.
El primero de ellos en Guatemala, donde cinco ex miembros del grupo paramilitar Patrullas de Autodefensa Civil fueron condenados y sentenciados por delitos de violencia sexual cometidos contra mujeres indígenas mayas Achí en la década de 1980, junto a otros dos casos en Siria e Iraq.
El último, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dictó una sentencia que declaró al Estado responsable de las violaciones de los derechos de la periodista colombiana Jineth Bedoya Lima, tras su búsqueda de justicia durante dos décadas por secuestro y abusos sexuales.
Recomendaciones del informe
En cuanto a las recomendaciones del informe destacó que se necesita tomar acciones específicas para reforzar la prevención estructural mediante:
- Compromisos políticos y diplomáticos para abordar la violencia sexual en los acuerdos de alto el fuego y de paz
- El uso de indicadores de alerta temprana de la violencia sexual para informar sobre el seguimiento, el análisis de las amenazas y la respuesta temprana
- La reducción del flujo de armas pequeñas y ligeras
- Una reforma del sector de la justicia y la seguridad que tenga en cuenta las cuestiones de género, incluyendo la investigación, la formación, los códigos de conducta, las políticas de tolerancia cero y el enjuiciamiento efectivo
- La amplificación de las voces de las supervivientes y las comunidades afectadas, el apoyo a los defensores de los derechos humanos de las mujeres y la protección de las víctimas y los testigos
Hay que juzgar a los miembros del ISIS
Posteriormente, la embajadora de Buena Voluntad de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y Premio Nobel de la Paz 2018, la iraquí Nadia Murad, recordó que el grupo terrorista ISIS comenzó a atacar a su comunidad yazidí en 2014.
“Miles de yazidíes fueron masacrados. Otros huyeron a pie, enfrentándose a la sed, el hambre y las abrasadoras temperaturas”, explicó y añadió que ISIS también capturó a más de 6000 mujeres y niñas que fueron vendidas y violadas, una “pesadilla” que todavía continúa para 2800 de ellas que siguen viviendo en condiciones de cautividad y esclavitud.
“A los presentes en esta cámara: Ahora es su momento para juzgar al ISIS por genocidio y violencia sexual. Envíen el caso a la Corte Penal Internacional, o establezcan un tribunal híbrido mediante un tratado para juzgar los crímenes del ISIS”, solicitó.
Murad destacó que documentar la violencia sexual es crucial para la rendición de cuentas y la prevención, pero que es una situación en la que las supervivientes normalmente “se enfrentan a la vergüenza, al estigma y a la falta de transparencia sobre cómo se utilizarán o no nuestros testimonios, o sobre los resultados probables”.
Por este motivo, anunció que presentó oficialmente el Código Murad, un conjunto de normas que pretenden cambiar las pautas sobre el modo en que los periodistas, los investigadores y cualquier persona encargada de documentar e investigar la violencia sexual relacionada con los conflictos interactúa con los supervivientes.
Sociedad Civil: El Consejo le ha fallado a Siria
En nombre de la sociedad civil, Mariana Karkoutly, investigadora y cofundadora de Huquqyat, una organización de mujeres abogadas que abogan por la rendición de cuentas en Siria, destacó que el Consejo de Seguridad “no ha tomado medidas para responsabilizar a los perpetradores” del conflicto en su país, pese a debatir “durante más de una década”.
“El Gobierno sirio ha violado sistemáticamente no solo el derecho internacional, sino también muchas de las propias resoluciones del Consejo de Seguridad. Mientras tanto, los miembros de este Consejo han bloqueado acciones urgentes sobre Siria, han protegido al régimen sirio de la rendición de cuentas y han vetado resoluciones sobre asistencia humanitaria e investigación del uso de armas químicas contra civiles en 16 ocasiones”, explicó.
Karkoutly centró su intervención en tres temas: el uso de la violencia sexual contra las mujeres, la discriminación de género en Siria, y los pasos siguientes para que la comunidad internacional garantice la rendición de cuentas.
