Tras conocer que algunos países están usando la pandemia del COVID-19 para relajar sus políticas de protección al medioambiente, un experto en derechos humanos las califica de irracionales, irresponsables y peligrosas
La pandemia del coronavirus COVID-19 no ha de usarse como excusa para reducir la protección sobre el medio ambiente, indicó el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente, tras el anuncio de varios Gobiernos en el que indican que disminuirán sus normativas ambientales.
«A la luz de la crisis ambiental mundial que precede al COVID-19, estas acciones son irracionales, irresponsables y ponen en peligro los derechos de las personas vulnerables», manifestó David Boyd.
El comunicado del experto se produce tras el anuncio realizado por varios Gobiernos donde indican que están reduciendo sus exigencias medioambientales, suspendiendo los requisitos de vigilancia ambiental, disminuyendo la aplicación de las normas ecológicas y limitando la participación pública.
«Es probable que estas decisiones políticas den lugar a un deterioro acelerado del medio ambiente y repercutan negativamente en una amplia gama de derechos humanos, como el derecho a la vida, la salud, el agua, la cultura y la alimentación, así como el derecho a vivir en un entorno saludable», enumeró.
Boyd señaló que, tal y como nos indican las evidencias científicas, las personas que habitan en zonas con mayores niveles de contaminación atmosférica, sufren un mayor riesgo de muerte prematura a causa del COVID-19. «Del mismo modo, el acceso al agua limpia es esencial para evitar que las personas contraigan y propaguen el virus», dijo.
Las lecciones aprendidas con otras enfermedades
Del mismo modo, destacó que tres cuartas partes de las enfermedades infecciosas emergentes son por «zoonosis», o sea que se transmiten de los animales salvajes o domesticados a los humanos, como por ejemplo sucede con el ébola, el SARS, el MERS, y ahora con el COVID-19.
«Los científicos nos advierten que la deforestación, la agricultura industrial, el comercio ilegal de vida silvestre, el cambio climático y otros tipos de degradación ambiental aumentan el riesgo de futuras pandemias, elevando la probabilidad de graves violaciones de los derechos humanos», denunció.
Así, Boyd advirtió que una decisión «miope» como la de debilitar o interrumpir las regulaciones ambientales solo servirá para empeorar aún más la situación. En su opinión, lo que deben hacer los Gobiernos es «acelerar los esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030«, ya que conseguir «un medio ambiente sano es una forma eficaz de prevenir pandemias y proteger los derechos humanos».
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.
