Desde hace diez años, Santiago Ávila trabaja para evitar que los jóvenes de su país sean reclutados forzosamente por grupos criminales creando espacios seguros en los que los niños y adolescentes en riesgo escapen de la presión de las maras y pandillas
Trabajador social comprometido
ACNUR definió al premiado, actualmente director de Jóvenes contra la Violencia, como un “trabajador social comprometido con evitar que otros sufran a misma violencia que marcó su vida”.
De acuerdo con Andrés Celis, representante de la agencia de la ONU en Honduras, la violencia rompe procesos organizativo, pero esa misma violencia que estigmatiza al joven puede transformarse con un liderazgo que emane de ellos mismos, ya hayan sido víctimas o sufrido el estigma de esa realidad de violencia.
“Creo que a eso es a lo que invita Santiago. En los lugares en donde Santiago y su equipo han trabajado, han logrado esa transformación”, afirmó Celis.
Santiago Ávila explicó que las maras y pandillas seducen a muchos niños y jóvenes. “No quieren ser parte de ellas, pero no hay más grupos en su comunidad. Por eso creamos un grupo nuevo, para que chicos y chicas tuvieran una alternativa”, apuntó.
Impacto en el plano legislativo
En 2019, el arduo activismo e intriga de Jóvenes contra la Violencia contribuyó a la adopción de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosiones y otros Similares en el país centroamericano.
Esa legislación redujo el número de armas que una persona puede poseer.
Más tarde, en 2020, logró la introducción del proyecto de Ley sobre desplazamiento forzado para discusión ante el Congreso Nacional.
Violencia, emigración y desplazamiento
Honduras es el cuarto país con más solicitudes de asilo de parte de sus nacionales, con 148.934, además de que ya hay 34.400 hondureños refugiados.
ACNUR estima, por otra parte, que la violencia endémica ha desplazado al menos a 247.000 personas dentro del país, 66% de ellas son menores de 30 años.
El estudio de caracterización del desplazamiento interno en Honduras realizado por el gobierno en 2019, con el apoyo de ACNUR, señala que el 46% de las personas desplazadas internamente entre 2004 y 2018 tuvo que interrumpir o abandonar sus estudios.
Asimismo, el personal docente enfrenta riesgos de extorsión, amenazas y violencia sexual, razones que, a su vez, causan el desplazamiento forzado.
El representante de ACNUR señaló que uno de los principales retos para los jóvenes hondureños es el silencio de la sociedad frente a la situación de sus comunidades, así como su exclusión en la resolución del problema.
En 2018, Jóvenes contra la Violencia ganó el Fondo de Iniciativa Juvenil de ACNUR y desde 2020 se convirtió en socio de la Agencia de la ONU en el desarrollo de programas innovadores para jóvenes en las escuelas y comunidades de mayor riesgo en Honduras.
Pulsa aquí para leer una entrevista con Santiago Ávila Corrales.
