Solo el año pasado, una treintena de Estados exportaron sustancias peligrosas que fueron prohibidas en los países de origen por motivos sanitarios y ambientales a América Latina, África y Asia
Un relator de derechos humanos señala el doble rasero de los países exportadores.
El envío de productos químicos tóxicos no deseadas de los países ricos a los más pobres, que carecen de capacidad para gestionar los riesgos que entrañan estos productos, es una práctica “deplorable” que debe finalizar de inmediato, advirtió este jueves el relator especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos.
Durante el año pasado, por lo menos 30 Estados exportaron sustancias peligrosas que fueron prohibidas en los países de origen por motivos sanitarios y ambientales a América Latina, África y Asia.
Baskut Tuncak explicó que las naciones más ricas suelen aplicar dobles raseros “que permiten el comercio y el uso de sustancias prohibidas en partes del mundo donde las regulaciones son menos estrictas, externalizando los impactos sanitarios y ambientales en los más vulnerables”.
El experto considera que “no se puede ignorar” que estas normas imponen una interpretación racial “ya que los peligros se externalizan a las comunidades de ascendencia africana y otras personas de color”, una situación que constituye una grave preocupación. A esta circunstancia se le añade la que también existe en el seno de los países exportadores: la ubicación de las industrias contaminantes y el vertido de desechos peligrosos.
«En casi todos los casos no hay ninguna justificación legítima de interés público», dijo Tuncak.
«Estos vacíos legales son una concesión política a la industria, que permite a sus fabricantes de productos químicos aprovecharse de trabajadores y comunidades envenenadas en el extranjero, al tiempo que importan productos más baratos a través de las cadenas de suministro mundiales y promueven pautas de consumo y producción insostenibles. Hace mucho tiempo que los Estados deberían haber finalizado a esta explotación».
Aplauso para Francia
Tuncak expuso los peligros que plantean la exportación de productos químicos tóxicos en sus informes a Alemania, Dinamarca y el Reino Unido, y comunicó preocupaciones similares a Canadá y a Suiza. Del mismo modo, formuló una serie de recomendaciones para Brasil relacionadas con las comunidades envenenadas por las exportaciones.
Al mismo tiempo, felicitó a Francia por la reciente aprobación de una ley que termina con la exportación de productos químicos prohibidos en el país. «Francia ha adoptado el enfoque correcto para poner fin a este doble rasero, una práctica que otros miembros de la Unión Europea (UE) y la OCDE deben imitar», dijo.
Tuncak también elogió a varios países africanos por sus progresivos esfuerzos progresivos para prohibir esas importaciones.
Igualmente, recordó que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas recomendó a México el año 2015 que dejara de importar plaguicidas debido a los graves efectos que tienen en los niños indígenas y que dicha recomendación no se ha aplicado todavía.
«Los Estados que exportan productos químicos prohibidos sin una clara justificación de interés público violan sus obligaciones extraterritoriales en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, entre ellas las relativas a un medio ambiente sano y a unas condiciones de trabajo seguras y saludables», dijo el experto, citando la reciente Observación general N.º 24 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Las recomendaciones del relator especial recibieron el respaldo de: Agnes Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Alioune Tine, experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Mali; Alice Cruz, relatora especial sobre la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por la lepra y sus familiares; Clément Nyaletsossi Voule, relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; David R. Boyd, relator especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente; Diego García-Sayán, relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; E. Tendayi Achiume, relator especial sobre las formas contemporáneas de racismo; Francisco Cali Tzay, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Léo Heller, relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; Livingstone Sewanyana, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Michael Fakhri, relator especial sobre el derecho a la alimentación; Michael Lynk, relator eespecial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967; Nils Melzer, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Obiora Okafor, experto independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional; Olivier De Schutter, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; Rhona Smith, relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Camboya; Saad Alfarargi, relator especial sobre el derecho al desarrollo; Thomas Andrews, relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar; Tomoya Obokata, relator especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; Ahmed Reid (Presidente), Dominique Day, Michal Balcerzak, Ricardo A. Sunga III, Sabelo Gumedze, Grupo de Trabajo de expertos sobre las personas de ascendencia africana; Elizabeth Broderick (Presidenta), Alda Facio, Ivana Radačić, Meskerem Geset Techane, Melissa Upreti (Vicepresidenta), Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra la mujer y la niña; Surya Deva, Elżbieta Karska, Githu Muigai, Dante Pesce (Vicepresidente), Anita Ramasastry (Presidenta), Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales
Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.
Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.
