Ante la escalada de conflictos en todo el mundo, el Consejo de Seguridad subraya la necesidad de proteger a las mujeres y las niñas e incluirlas en las negociaciones de paz
El “antiguo y universal desequilibrio de poder entre mujeres y hombres” sigue siendo “evidente” y exige medidas urgentes, según se escuchó recientemente en el Consejo de Seguridad, al inaugurarse el debate abierto anual del órgano de 15 miembros sobre mujeres, paz y seguridad.
António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, abordó el tema de “Mujeres, paz y seguridad en el próximo cuarto de siglo: cumplir la promesa mediante la implementación”, afirmando que la historia de las crisis que enfrenta el mundo es una historia de poder: “Quién lo ostenta y a quién se le niega”.
A pesar del legado de la resolución 1325 (2000) del Consejo, afirmó que «la plaga de la desigualdad de género persiste», con mujeres ausentes de las mesas de negociación, trabajadores de la paz con financiación insuficiente y «mujeres y niñas atrapadas en el infierno del conflicto», sufriendo «horribles actos de violencia, incluida la violencia sexual».
Tras destacar los “avances positivos”, entre los que se incluyen la adopción de planes de acción nacionales sobre mujeres, paz y seguridad por parte de más de 110 países, pidió que se estableciera un objetivo mínimo de un tercio de participación femenina en los procesos de paz de la ONU y la paridad de género en todos los altos cargos directivos, el personal de la Sede y el personal profesional “por primera vez en la historia”.
Ante el mayor número de conflictos que atraviesa el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, el número de casos de violencia sexual relacionada con conflictos verificados por la ONU ha aumentado drásticamente, superando los 9.700 el año pasado, con niñas a las que se les niega la educación y que se enfrentan a graves restricciones en Afganistán, Mali, Yemen y Somalia.
Mientras tanto, con el gasto militar mundial disparándose a casi 2,9 billones de dólares el año pasado, la ayuda exterior continúa desplomándose. Tras señalar que las mujeres representaron apenas el 5 % de los negociadores en 57 procesos de paz el año pasado, instó a todos los Estados a cumplir con sus compromisos de asistencia oficial para el desarrollo (AOD). «La igualdad no es un sueño», recalcó. «Es una decisión».
La exclusión de las mujeres no es accidental.
Sima Sami Bahous, Directora Ejecutiva de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), afirmó que, tras 26 años de compromisos, es indefendible que casi el 80 % de las negociaciones de paz activas del año pasado se llevaran a cabo sin la presencia de una sola mujer. «Esta exclusión no es accidental», declaró.
«Refleja persistentes barreras institucionales, relaciones de poder desiguales y normas de género profundamente arraigadas que siguen negando a las mujeres el lugar que les corresponde en la construcción de la paz». Recordó que ninguno de los 13 acuerdos de alto el fuego alcanzado en 2025 incluía referencias sustantivas a las mujeres y las niñas, ni uno solo prohibía la violencia sexual.
Haciéndose eco del llamamiento a la acción del Secretario General, instó a que al menos el 15 % de la AOD se destine a los países afectados por conflictos, específicamente para promover la igualdad de género. Además, debe cesar la impunidad por los crímenes contra las mujeres y las niñas, sancionando y exigiendo responsabilidades a los culpables. «La cuestión ahora es si tenemos el valor de compartir el poder», subrayó.
Tamana Zaryab Paryani, activista de derechos humanos, afirmó que las mujeres en Afganistán se ven obligadas a abandonar la vida pública debido a las constantes violaciones de sus derechos, sin acceso a mecanismos para exigir responsabilidades a los infractores; una realidad que se extiende al Territorio Palestino Ocupado, Sudán, Myanmar y otros lugares. Subrayó que la justicia de género y los derechos de las mujeres deben integrarse en toda la labor del Consejo, y que la discriminación contra las mujeres y los grupos marginados debe considerarse una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Añadió que la comunidad internacional debe negarse a normalizar estas violaciones, y expresó su alarma ante el hecho de que varios países hayan otorgado reconocimiento diplomático a los talibanes. «Los derechos de las mujeres deben ser la prioridad absoluta en cualquier diálogo con los talibanes», recalcó, e instó a la comunidad internacional a definir la discriminación de género como un crimen de lesa humanidad.
Al abrirse el debate, la representante de Estados Unidos recordó que su país es «el mayor donante individual al sistema humanitario» y comprende la imperiosa necesidad de brindar asistencia para la protección de mujeres y niñas en contextos de conflicto y desastre, en particular a las víctimas de violencia sexual. «Después de todo, estamos en el siglo XXI; todos merecemos algo mejor», recalcó, instando a los Estados Miembros a «respaldar sus palabras con hechos». A continuación, calificó de «inaceptable» que Afganistán negara la educación a las niñas, revirtiendo décadas de progreso logrado con tanto esfuerzo, y denunció además la violencia sexual generalizada en Haití, la República Democrática del Congo, Sudán y Sudán del Sur.
La prevención de conflictos y sus causas profundas deben ser fundamentales para las mujeres, la paz y la seguridad.
Desde una perspectiva africana, la delegada de Somalia hizo hincapié en que «la prevención de conflictos debe ser fundamental para la agenda de mujeres, paz y seguridad», abordando las causas profundas que permiten que los conflictos persistan, «incluidas la ocupación prolongada, la exclusión política, la discriminación y las violaciones de los derechos humanos».
El delegado de Liberia afirmó que la experiencia de su país con el conflicto le llevó a cuestionarse «cómo las mujeres pueden contribuir a poner fin a una guerra y, al mismo tiempo, luchar por influir en la paz que le sigue».
El representante de Nigeria señaló que la participación significativa de las mujeres en la mediación debe convertirse en la norma y no en la excepción, con “un asiento en la mesa de negociación”, mientras que los sistemas nacionales de justicia deben exigir responsabilidades a los perpetradores de violencia sexual relacionada con el conflicto. “Las sobrevivientes, incluidas las mujeres y niñas que estuvieron cautivas por grupos terroristas, deben tener acceso a atención médica, asistencia psicosocial y oportunidades económicas para reconstruir sus vidas”, afirmó. El representante de la República Democrática del Congo instó al Consejo a incluir sistemáticamente un análisis de género en los mandatos, mejorar el seguimiento de la participación de las mujeres en los procesos de paz y fortalecer la supervisión de los compromisos asumidos por los Estados Miembros. Asimismo, solicitó apoyo para las redes de mediadoras, los programas de capacitación y los programas de mentoría.
La escalada de conflictos y violencia exige un cambio de enfoque: de los compromisos a la implementación.
Georgios Gerapetritis, Ministro de Asuntos Exteriores de Grecia y Presidente del Consejo durante el mes de octubre, reafirmó el papel crucial de los Comités de Sanciones de la ONU para garantizar que la violencia sexual y de género se incluya como una designación independiente en todos los criterios de los regímenes de sanciones.
Las víctimas y supervivientes de la violencia sexual relacionada con los conflictos deben tener acceso seguro y sin trabas a la atención de la salud sexual y reproductiva y al apoyo psicosocial. Ante la escalada de los conflictos y la violencia contra las mujeres, el delegado de Baréin señaló que es fundamental pasar de los compromisos a su implementación efectiva.
«La lección no reside en la multiplicidad de decisiones, sino en el grado de su implementación y su impacto en la vida de las mujeres y las niñas», afirmó.
La delegada de la Federación Rusa destacó que el país es líder del G20 en la proporción de mujeres en puestos de liderazgo, y calificó la situación de la mujer a nivel mundial como un indicador clave de las tendencias generales.
Tras condenar a Ucrania por su severa censura y represión, señaló que han transcurrido cinco años desde el nombramiento del defensor del pueblo presidencial para los derechos de la infancia, quien logró reunir a los padres de niños ucranianos y rusos separados a causa de la crisis.
Sin embargo, Oleksandr Karasevych, Secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, citó el reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que documenta 892 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto, perpetrada por representantes de la Federación Rusa, incluyendo 151 casos contra mujeres y 14 contra niñas. Subrayó que el informe confirma que la violencia sexual se utilizó como método de tortura y otras formas de trato cruel, inhumano o degradante.
